A continuación les compartimos algunos extractos del documento:
ENFOQUE: La tragedia del desplazamiento forzado interno en México – Uno de los múltiples pendientes para el nuevo gobierno
Campamento de desplazados en Ch’enmut, municipio de Chalchihuitán, Chiapas © SIPAZ
“La violencia genera más problemas sociales de los que resuelve y por tanto nunca conduce a una paz permanente”
Martin Luther King
El año 2017 terminó en México con unas cifras dramáticas en cuanto al desplazamiento forzado por violencia. Nunca antes, desde el conflicto armado de 1994, se habían alcanzado cifras tan preocupantes en estados como Chiapas.
Permanecen grabadas en nuestra retina, las imágenes de personas -en su mayoría mujeres, niños y niñas y adultos mayores-, cobijándose en techos improvisados de plástico, que les “ayudaban” a resguardarse de temperaturas inferiores a los cero grados, típicos de los inviernos en los Altos de Chiapas. Condición infrahumana que cobró la vida de varias personas.
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Del lado de la sociedad civil, una de las fuentes de información ha sido la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Ciertamente también se cuestiona las cifras que maneja, considerándolas “sumamente conservadoras” ya que solo incluye los casos en que comunidades enteras han tenido que desplazarse.
Conforme con datos de su último informe, de enero a diciembre de 2017 se registraron 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, afectando a 20.390 personas. Los desplazamientos se registraron en al menos 9 estados, 27 municipios y 79 localidades. Las entidades con más episodios de desplazamiento interno forzado masivo fueron Guerrero, con 7, Sinaloa, con 5; y, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con 3 respectivamente.
La entidad con más personas desplazadas fue Chiapas, con 6.090 personas. En segundo lugar se encuentra Guerrero, con 5.948 y en tercer lugar se encuentra Sinaloa con 2.967 víctimas. El mayor factor que generó DFI fue la violencia generada por grupos armados organizados, con un 68% del total de los casos.
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En Chiapas, el problema del desplazamiento forzado no es nuevo, ni tampoco principalmente vinculado a la delincuencia organizada. Los desplazamientos internos por cuestiones políticas y religiosas en el municipio de Chamula (1960-1980), por el proyecto de hidroeléctrica en Chicoasén (1980) y por catástrofes naturales, como la erupción del volcán Chichonal (1982) o el huracán Stan (2005) en la zona costera, no se han olvidado. También tuvieron un fuerte impacto los desplazamientos desde los noventa vinculados a cuestiones de violencia socio-política, especialmente en la población indígena en la zona Altos y la zona Norte del estado, donde ocurrieron desplazamientos masivos en los años que siguieron el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) debido a las estrategias del gobierno federal para combatir a las revolucionarios y el surgimiento de grupos armados y paramilitares que desataron una fuerte ola de violencia.
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Las políticas públicas estatales de prevención y atención integral al desplazamiento interno en Chiapas y Guerrero han sido pocas y a menudo limitadas a la ayuda humanitaria. Se ha notado poca voluntad política, en los tres niveles de gobierno, para atender y resolver la problemática de fondo. Los pocos logros se han debido a procesos organizados de víctimas y/o bajo la presión de organizaciones mexicanas o multilaterales (la CIDH en particular).
En la actualidad, organizaciones civiles de Derechos Humanos que trabajan el tema preconizan las siguientes recomendaciones: el Reconocimiento a las víctimas de DFI; un diagnóstico oficial del fenómeno y una Ley General para la Prevención y Atención.
